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Fundamentalismo democrático para una nación hecha polvo

Mientras los españoles dedicamos toda nuestra atención y energía a resolver, “de una vez” y “para siempre”, este problema aparentemente irresoluble y, además, «nos regeneramos»―¡pintoresca creencia!―, olvidamos un asunto previo a la democracia e infinitamente más importante: la unidad del Estado español.

La democracia por aquí, la democracia por allá, cuál es la mejor, la verdadera, a qué otra se parece y a que otra no se parece, que si tal y que si cual, que si patatín que si patatán. Es desesperante. ¡Aquí no cabe un demócrata más ni un indocumentado menos! Permítanme ustedes, estimados lectores, el desahogo.

Entre tanto, mientras los españoles dedicamos toda nuestra atención y energía a resolver, “de una vez” y “para siempre”, este problema aparentemente irresoluble y, además, «nos regeneramos»―¡pintoresca creencia!―, olvidamos un asunto previo a la democracia e infinitamente más importante: la unidad del Estado español; o dicho de otro modo, la unidad de España como nación, cuestión de la que en última instancia depende el éxito o el fracaso político colectivo y todo nuestro sistema de libertades y derechos. Si acaso, la preocupación ha consistido en ver cuál era la forma mejor y más rápida de debilitarla o de destruirla.

El «Estado Autonómico», consagrado por la Constitución de 1978, al romper el tradicional modelo centralizado del Estado español, vigente durante los siglos XIX y XX, que con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, había venido funcionando hasta el final del franquismo, constituye, posiblemente, la causa principal del debilitamiento de la idea nacional de España y de la mengua de la fortaleza del Estado.

A partir del sacralizado concepto de «autonomía», de cuño netamente autóctono, quizá el único aspecto verdaderamente original de la Constitución española, se procedió durante nuestra «Transición democrática», mediante un proceso de «descentralización», voz también sacralizada, a la radical modificación política y administrativa del Estado, que quedó plasmada en el tristemente célebre “Título VIII” de la Carta Magna.

Magno error fue, a mi entender, este arbitrio constitucional, y mayores aún si cabe los que vinieron después, en la misma línea, ahondando en el error primitivo, al promover un modelo de Estado “abierto y en buena medida indeterminado”, en palabras del actual presidente del Tribunal Constitucional. En la práctica, la descentralización territorial ha ido mucho más allá de la existente en muchos Estados federales, enmascarando un confederalismo abiertamente secesionista.

Las Autonomías, en su errático devenir histórico y político, a modo de entes zombis, allanado su desnortado caminar por la voluntad de políticos “demócratas” de todos los partidos e ideologías, han fomentado con verdadero entusiasmo y eficacia el egoísmo, la insolidaridad y la desigualdad entre las regiones. Se han quebrado y corrompido así los fundamentos de la vida nacional, la cual se basa, precisamente, en virtudes cívicas opuestas, la generosidad, la solidaridad y la igualdad legal y política. Las Autonomías, decimos, han operado como principio y fuerza desintegradora de España. Y han sido los que se consideran demócratas los principales agentes de esta tarea de disolución del Estado.

 

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